La Organización Colegial Veterinaria y el Gobierno de Aragón colaborarán en el ámbito de la trazabilidad y el uso racional de fármacos en los animales
El Consejo General de Colegios Veterinarios de España y el Gobierno de Aragón han firmado un convenio de colaboración para trabajar en el ámbito de la trazabilidad y el uso racional de los medicamentos veterinarios. En el acto de firma, que ha tenido lugar en el edificio de San Pedro Nolasco, ha participado el presidente del Consejo General, Juan José Badiola, y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. Acompañaban al presidente de la OCV los presidentes de los Colegios Veterinarios aragoneses Jesús García (Zaragoza), Fernando Carrera (Huesca) y Héctor Palatsi (Teruel). Por parte del Gobierno aragonés también estuvo presente el director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Enrique Novales.
El convenio establece lo siguiente:
- “Durante los próximos cuatro años, ambas instituciones trabajarán conjuntamente en proyectos y acciones comunes sobre formación, divulgación, asesoramiento, intercambio de información y difusión en el ámbito del uso racional de los fármacos veterinarios.
- Del mismo modo, también colaborarán en el tratamiento informático de los datos de prescripciones realizadas por veterinarios en explotaciones ganaderas aragonesas.
- Todo ello en aras de conseguir animales sanos y productos de origen animal que garanticen un elevado nivel de protección para los consumidores.
- La normativa vigente en materia de medicamentos veterinarios tiene como fin el conseguir un control eficaz que asegure la trazabilidad y el uso racional de los medicamentos veterinarios.
- Además, la normativa vigente dota a las autoridades competentes de mecanismos e instrumentos legales para tener acceso a la información que les permita realizar las funciones de control y supervisión del uso racional de los medicamentos.
- En este contexto, la suscripción del convenio pretende mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.