Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) ha emitido un comunicado de prensa para mostrar su oposición frontal al reciente Decreto del Gobierno de Aragón que crea la figura del Auxiliar Oficial de la Inspección Veterinaria. Este es el texto del comunicado firmado por Juan Carlos Alonso González, presidente de FESVET: 

“Estos días se ha dado a conocer el proyecto de un nuevo decreto en la Comunidad Autónoma de Aragón que pretende amparar legalmente la sustitución parcial del Inspector Veterinario Oficial en mataderos por un trabajador de la empresa privada habilitado para algunas de sus labores mediante una formación muy inferior la requerida para este tipo de trabajo.

Algo que mucha gente desconoce es que la inspección oficial veterinaria en mataderos es un trabajo médico forense que requiere una alta cualificación y una gran experiencia. El veterinario, que es un profesional sanitario de alto nivel con grandes conocimientos en medicina general, anatomía patológica, microbiología, parasitología y comportamiento animal, recibe de su paciente como si de la consulta de un médico se tratara y analiza antes de su sacrificio cualquier signo que pueda hacer sospechar de alguna enfermedad o contaminación transmisible al hombre. Tras su muerte, el facultativo escudriña todas las partes del animal, con similares técnicas y conocimientos a los que un forense de medicina humana utilizaría, para confirmar o descartar la existencia de algún tipo de riesgo sanitario. 

Pese a todo este esfuerzo, el trabajo es tan exigente que no es posible detectar todos los riesgos para la salud asociados a la vida animal. Como consecuencia aún encontramos casos de graves enfermedades transmitidas al hombre por esta vía, como puede ser la cisticercosis humana, que recientemente ha sido objeto de debate, las infecciones e intoxicaciones por Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli enterotoxigénica, u otras sobradamente conocidas cómo puede ser la triquinosis o el quiste hidatídico.

Tal es la exigencia de este trabajo y su importancia en la salud pública, que desde la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios y otros organismos especializados y asociaciones científicas, se ha insistido en la necesidad de crear una Especialidad en Ciencias de la Salud para los veterinarios dedicados  a la protección de la salud pública en el ámbito de la seguridad alimentaria y las zoonosis; de tal manera que se asegure que estos puestos sean cubiertos por facultativos con unos conocimientos y experiencia superiores a los que posee la media de la profesión. Este decreto, sin embargo y escandalosamente, pretende que trabajadores de la empresa privada con una cualificación que está a años luz del facultativo veterinario, asuman tareas forenses y anatomopatológicas vitales para la calidad de la Salud Pública Comunitaria, y que éstos estén sometidos solamente a controles periódicos por parte de los servicios veterinarios oficiales.

Para hacernos una idea y comparándolo con la medicina humana, qué es lo que la mayor parte de la gente tiene en el ámbito más cercano, sería similar a que decidiéramos qué, en lugar de atendernos en la consulta un médico especialista, lo hiciera el cuerpo de celadores con un cursillo acelerado y habiendo pasado un test, y que el médico viniera tan solo una vez a la semana para auditar y comprobar si los medicamentos y tratamientos que nos prescriben son los adecuados. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a que esto fuera así? Pues eso es lo que se pretende hacer con la seguridad alimentaria de la carne que ustedes consumen.

Por si fuera poco, este decreto también abriría las puertas a que las empresas privadas contraten otros profesionales que no tienen competencias legales en la inspección de alimentos de origen animal para hacer trabajos que corresponden al veterinario, con el consiguiente intrusismo laboral. O que se contraten veterinarios en puestos de inferior categoría para que hagan un trabajo mucho más precario y menos especializado con una inferior remuneración.

Estás empresas privadas que entrarían a formar parte del control en mataderos son una vieja aspiración de los lobbies del sector cárnico privado, que eludiría así, al menos en parte, el exhaustivo control del veterinario oficial, que es un funcionario público cuya prioridad es la defensa de la salud humana. Por mucho que lo quieran disfrazar en el texto legal, la realidad es que el objetivo principal de la empresa privada es que la mayor cantidad de carne posible sea declarada apta para el consumo, y así aumentar el rendimiento económico y que el matadero en cuestión vuelva a elegirlos a ellos como auxiliares de inspección. Hay un claro conflicto de intereses en los que la salud pública saldría dañada sin lugar a dudas.

FESVET identifica esto cómo un grave atentado contra la calidad de la salud pública y exige que se dé marcha atrás con este decreto. Para presionar en este sentido la Federación ha iniciado una campaña informativa del riesgo que esto supondría para la salud pública además de la importante agresión que implicaría a las competencias profesionales del veterinario”.