La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicaba en el mes de marzo un informe en el que planteaba la liberalización del sector de los servicios profesionales con el objetivo de aumentar su competencia y así incrementar la productividad, reducir los precios y también generar más empleo.

Tras estudiar pormenorizadamente dicho documento, Unión Profesional (UP), la asociación que agrupa a 33 profesiones representadas por otros tantos Consejos Generales y Colegios de ámbito nacional, quienes a su vez agrupan a 1.000 colegios territoriales, ha respondido a la OCDE con una serie de datos recogidos en un informe titulado: Consideraciones económicas al estudio económico de la OCDE sobre España 2017.

Texto de la nota de prensa

«Nuestro ánimo es colaborar en la medida de lo posible por clarificar la esencia de la actuación de los profesionales y sus corporaciones colegiales en España, su repercusión en la economía y en el bienestar social mediante un sistema de garantías para los ciudadanos y para la sociedad en general, por lo que su análisis y tratamiento ha de ser específico, de acuerdo con las peculiaridades que muestra». De esta manera se expresa el presidente de UP, Jordi Ludevid, en la carta enviada junto con dicho informe al organismo internacional.

Así, el departamento de economía de UP, autor de este documento, especifica el objetivo del mismo: subrayar el potencial competitivo y conceptual del subsector de servicios profesionales. Un subsector que en la actualidad genera más del 11 % del valor añadido bruto, un 12 % en ocupación directa, más de un 4 % de ocupación vinculada y que representa el 16,4 % del tejido empresarial, liderando el gasto en innovación tecnológica y en I+D de España.

Tanto en la misiva enviada como en el propio informe, UP insiste en que este subsector «está organizado como un sistema de profesiones colegiadas que afectan a materias sensibles de los ciudadanos, en áreas específicamente relacionadas con la salud, la seguridad y otros bienes y derechos».

Es por este motivo por el que se solicita que ante cualquier propuesta de liberalización se considere previamente unos parámetros precisos, relacionados con la incidencia sobre el bienestar social y económico, verdadera razón de ser de las profesiones. Así, una evaluación generalista del impacto de la liberalización de los servicios profesionales que no contemplara las peculiaridades de este subsector acabaría por reducir el bienestar.

Los datos aportados en este estudio reflejan que el subsector en España ya registra niveles suficientemente elevados de competencia y aporta un valor más estable a los bienes y derechos, que son objeto de las actuaciones profesionales.

Finalmente, Unión Profesional considera que «la ordenación y control deontológico independiente que las organizaciones colegiales realizan sobre el ejercicio profesional a través del instrumento de colegiación, es el sistema más eficiente para favorecer la protección del interés general y un desempeño económico competitivo».