Ante el incipiente proyecto empresarial apoyado por algunos ayuntamientos de genotipar a los canes y crear nuevas bases de datos para sancionar al dueño que no recoja los excrementos, la OCV participa de la idea de que la genética tiene una clara utilidad para animales de alto valor, como los caballos y perros de singular pedigrí, u otros animales de vida silvestre, como los halcones.

Asimismo, la identificación genética podría tener en el futuro un interés médico para el veterinario clínico ante la posibilidad de predecir algunas enfermedades, lo cual no es una realidad en el momento presente.

Pero la  OCV, según el criterio expuesto en la última reunión de la Junta Interterritorial, no acepta que haya una segunda base de datos de identificación animal.

Razones para el no

La OCV participa del consenso general de la mejora del nivel cívico que ha experimentado la sociedad, pero no comparte el intento de crear un nuevo sistema de identificación animal cuando el existente está consolidado y funciona razonablemente. Encuentra, además, otras razones para rechazar ese proyecto. A saber.

En términos estrictamente legales, la legislación actual atribuye a las Comunidades Autónomas la potestad de crear bases de datos de identificación animal. El intento de algunos ayuntamientos de proceder a la formulación de nuevos registros podría entrar en conflicto con la normativa vigente. En la actualidad, algunas comunidades autónomas ya se han pronunciado al respecto ratificando su competencia exclusiva en la materia.

El proyecto de identificación por genotipado para sancionar a los propietarios que no recojan los excrementos de sus animales exige la participación de funcionarios públicos en su recogida para su traslado al laboratorio designado y posterior identificación. Pero de la información que se conoce de ese proyecto no se desprende una garantía de trazabilidad de las muestras, ni se deduce que la custodia de las mismas se compadezca con los requisitos exigibles. Estas circunstancias, efectuada la notificación de sanción al propietario del animal, conducirían a un ingente número de contenciosos en las distintas instancias administrativas y judiciales.

El sistema, por otra parte, podría vulnerar la legislación en materia de racionalización de las administraciones públicas, que establece la no duplicidad de servicios públicos; y en el supuesto de que fuera una empresa la que gestionara el proceso entraría en colisión con la filosofía que anima la defensa de la competencia en el ámbito empresarial.

Ningún valor añadido

En la última Junta Interterritorial, celebrada el pasado 22 de julio, los representantes de los Consejos Autonómicos de Colegios Veterinarios analizaron este asunto y expusieron mayoritariamente su convencimiento de que el sistema que se pretende implantar tampoco aporta ningún valor añadido en materia de abandono de animales, que ahora se puede controlar mediante el microchip, ni a la adopción de los mismos.

La labor del veterinario, por otra parte, se limita a la simple extracción de sangre del animal y su envío al laboratorio que se designe.

Los representantes de los distintos Consejos autonómicos desgranaron a lo largo de la Junta Interterritorial sus experiencias en la materia. En el caso de Madrid, el representante del colectivo veterinario dio cuenta del intento de implantación del sistema en un par de ayuntamientos, Alcalá de Henares y Fuenlabrada, y de la existencia de un municipio, Meco, que ha optado por aplicar el genotipado pero se encuentra con el rechazo de sus veterinarios. En los grandes municipios de la región el asunto está parado. El Colegio, por otra parte, encargó un informe jurídico en que se expone taxativamente que la creación de la base de datos de identificación animal es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

En Cataluña, la singularidad estriba en que la propia Facultad de Veterinaria de la UAB se muestra interesada en la creación de un laboratorio dedicado al genotipado. Desde el Consejo Autonómico se pone en cuestión la fiabilidad de la trazabilidad de la muestra recogida, lo cual podría hacer decaer ante instancias jurisdiccionales la pretensión de sancionar al dueño del animal.

En Andalucía se produce un caso particular en Lebrija, donde aún no se han tomado muestras pero se procede a multar al dueño del can por no exhibir una chapa que da fe del genotipado del animal. El sistema de identificación mediante ADN, sin embargo, funciona en la región desde hace tiempo en un sector de animales con alto valor como es el equino.

En Extremadura, concretamente en Badajoz, el Ayuntamiento trabaja en la actualidad en una ordenanza que contempla el genotipado de los 25.000 perros censados en la ciudad y en principio el Colegio no muestra su oposición al sistema.

En Aragón, el Gobierno de la región ha dejado claro que es el único competente en materia de base de datos de identificación animal, tal y como defienden sus Colegios Veterinarios. Pero los municipios tienen competencia para implantar el genotipado, que parece tiene la intención de establecer el de Zaragoza. Ante esta situación, el Gobierno ha admitido la apertura de una nueva pestaña en la identificación del can que recoja su genotipado, pero los datos se remitirán a los centros oficiales de la Comunidad y el análisis no lo realizará una empresa sino el laboratorio de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad. Tampoco aquí el colectivo veterinario se muestra mayoritariamente contrario a la implantación del sistema.

En Castilla La Mancha, concretamente en Ciudad Real, el Ayuntamiento ha paralizado el proyecto por considerar que invade la competencia autonómica, pero en principio no descarta por completo su implantación.

El resto de representantes de Consejos autonómicos (balear, canario, vasco, valenciano, etc) mostraron asimismo su escepticismo ante la identificación por ADN, aunque con distintas matizaciones, porque es ineficiente, no hace aportación significativa a la identificación, ni al veterinario, ni al propietario (salvo en casos de animales de raza) y porque los ayuntamientos aún tienen pendiente la vigilancia y ejecución de la legislación vigente en materia de identificación (en  España aún hay de un 30 por ciento a un 40 por ciento de canes sin identificar) y lucha contra la rabia antes de poner en marcha un sistema que, sencillamente, duplica ineficaz y costosamente al actual.