Dos condenas por intrusismo en Mallorca y Menorca
Un empresario de Menorca que ejerció como veterinario en su clínica ha sido condenado a una pena de 14 meses de prisión. Y la responsable de un criadero de perros, denunciada por vacunar a un animal, deberá pagar una multa.
El lento pero firme paso de la Justicia ha culminado con la condena por intrusismo de dos acusados en sendos casos instruidos a partir de las denuncias del Colegio de Veterinarios de las Islas Baleares. Se trata de un empresario de Menorca, antiguo titular de una clínica en Ciutadella, que ejerció de veterinario sin estar capacitado para hacerlo, y de una criadora de canes, la cual, a sabiendas de que no podía hacerlo, vacunó y firmó el pasaporte de un perro de su centro de Mallorca.
El primero de los casos es el del antiguo titular de una clínica veterinaria de Ciutadella, condenado a una pena de prisión de 14 meses por dos delitos de intrusismo profesional y falsedad en documento público por unos hechos ocurridos en los años 2011 y 2012.
A petición de la defensa del acusado, el juez sustituyó la condena por una multa de dos euros diarios durante 28 meses, multa que deberá pagar íntegramente si no quiere ingresar en prisión. Igualmente, la condena de prisión se le aplicaría en el caso de que en este tiempo volviera a delinquir.
El segundo caso corresponde a la actividad llevada a cabo por la responsable y titular de un criadero de canes de un municipio de Mallorca, la cual, sin haber obtenido el título académico de veterinaria y a sabiendas de que la vacunación de animales de compañía le corresponde realizarla a un veterinario, vacunó a un perro y puso el sello del criadero y su firma en el espacio del pasaporte reservado para el veterinario.
Los hechos ocurrieron en el verano de 2013 y fue un colegiado el que los denunció en el COVIB, que a su vez los puso en conocimiento de la Guardia Civil. La acusada fue condenada por un delito de intrusismo a una multa de 4 meses, pagadera en cuotas diarias de 5 euros, y con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. La acusada vio reducida en un tercio la petición inicial, de seis meses de multa.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Baleares, Ramón García, se mostró satisfecho con las decisiones judiciales porque “estas condenas visibilizan el trabajo que desde hace años viene llevando a cabo el COVIB para detectar y castigar aquellos hechos que manchan la profesión veterinaria y que se han venido realizando con total impunidad en determinados lugares”.
Asimismo, el presidente del COVIB ha animado a todas los colegiados a que denuncien aquellas actuaciones ilegales que conozcan, aportando las pruebas correspondientes, para iniciar los trámites legales.
El COVIB aguarda la finalización de las diligencias y la resolución judicial de una serie de casos similares.