Los veterinarios proponen que se impulse una normativa específica de seguridad en las explotaciones para frenar la siniestralidad que se viene registrando tanto entre los profesionales, con tres accidentes graves (uno de ellos con resultado de muerte) en Lugo en el último año, como entre los propios trabajadores que están día a día en las granjas.

Tras mantener un encuentro de trabajo, el presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, y el máximo representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, José Luis Benedito Castellote, coincidieron en señalar que se trata de un problema “que amenaza con cronificarse” en el que las administraciones públicas “no se han implicado tan a fondo como deberían”.

En ese sentido, consideraron “inaplazable” que intervenga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que, como recordaba el presidente lucense, “nosotros hemos trasladado a la Xunta de Galicia nuestra preocupación al respecto en reiteradas ocasiones, tanto de forma oral como escrita, sin haber obtenido un compromiso claro”.

Para paliar esta falta de seguridad en las explotaciones, de la que también son víctimas los propios trabajadores de las granjas (solo en diez años se han producido en Galicia 612 lesiones en ordeños), los veterinarios sugieren diseñar una normativa específica, que, para ser efectiva, debería venir acompañada de una evolución constante sobre su cumplimiento.

Correcta inmovilización

Entre otros aspectos, proponen que en ella se aborde el impulso de más medidas de seguridad durante el manejo de los animales para conseguir su correcta inmovilización, evitar la intervención de un único veterinario en saneamientos ganaderos o una especial vigilancia de los concursos públicos para la realización de estas intervenciones, críticas para garantizar la sanidad animal y humana.

No en vano, además del refuerzo en la protección para quienes desempeñan su trabajo en una explotación, bien puntualmente o bien en continuidad, este nuevo reglamento mejoraría el bienestar animal, al garantizar mejores condiciones desde el punto de vista de la salubridad y la seguridad.

“Instamos por ello a las administraciones públicas a que hagan un control estricto de las condiciones estructurales y humanas antes de iniciar las campañas de saneamiento ganadero, que son un instrumento esencial de lucha contra las zoonosis”, subrayó el máximo representante de la OCV, Luis Alberto Calvo, quien recordó que gracias al trabajo constante y abnegado de los veterinarios en este sentido “ha mejorado el estatus sanitario de la cabaña, pues 17 comunidades autónomas se hallan libres de brucelosis ovina y caprina, mientras que en tuberculosis se observa un descenso sostenido en los últimos quince años”.

Profesión de riesgo

Al respecto, Calvo ha demandado mayores controles poblacionales de la fauna silvestre por el riesgo real de contagio entre esta y la ganadería”, así como la consideración de la veterinaria como profesión de riesgo. “Nuestra actividad, en muchos puestos, se encuentra expuesta a un alto índice de penosidad, toxicidad y peligrosidad, por lo que solicitamos que se nos considere profesión de riesgo”, indicó.

En el caso concreto de los saneamientos, Calvo explicó que urge contar con una normativa específica de seguridad en las explotaciones pecuarias “para frenar la siniestralidad que se viene registrando, tanto entre los veterinarios como entre los propios trabajadores de las granjas. Los accidentes se producen en la interacción hombre-animal, por lo que hay que aplicar un enfoque preventivo, buenas prácticas de manejo y los principios recogidos en materia de prevención de riesgos laborales”.

Por su parte, el presidente del Colegio lucense, José Luis Benedito, destacó que “el derecho a un trabajo digno comienza por una garantía de la integridad física en el desempeño de las funciones”, al tiempo que reveló que “alguno de los profesionales de la provincia que trabaja en el ámbito del saneamiento se está planteando cambiar de ramo de actividad ante la sucesión de accidentes que hemos vivido el último año”. “Estamos hablando de una cuestión que inquieta mucho a los veterinarios lucenses que realizan tareas en este campo y que, a nivel gallego, incluye a entre 150 y 180 profesionales, entre trabajadores indefinidos y eventuales”, concluye.