La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado  la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 10 de esta capital que condenaba a un cliente, por un delito leve de amenazas a una veterinaria, a las penas de prohibición de acercamiento y comunicación con la denunciante a menos de 200 metros durante cinco meses, además de a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53.1 Código Penal o abono de costas procesales.

El servicio jurídico del Colegio de Veterinarios de Zaragoza presentó la denuncia y ha llevado la defensa de la colegiada por insultos y amenazas vertidas tanto de manera personal como a través de mensajes privados y en las redes sociales. Esas amenazas e insultos venían derivadas de lo que entendía el denunciado como mala atención clínica por parte de dicha colegiada.

La sentencia no fue comunicada al resto de colegiados para evitar interferir en la elección a miembros a la Junta de Gobierno del pasado 15 de octubre, entendiendo que, con su logro, además de la protección personal que se consigue a la colegiada amenazada, se protege el ejercicio profesional de la veterinaria. El Colegio condena firmemente la agresión sufrida y pide tolerancia cero frente a estos actos.

El servicio de asesoría personalizada ofecido por el Colegio permite a
quienes han sufrido una agresión estar acompañado por un letrado desde el inicio del proceso. Al respecto, se insta a los colegiados a denunciar las agresiones y a notificar los incidentes en la institución colegial, que pone a su disposición este servicio de defensa en sus actuaciones profesionales sin coste alguno.