Así se lo han trasladado los 35 veterinarios de Jerez al presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Vilaplana, con quienes se reunió el pasado día 5. Según este colectivo, hay dudas científicas, jurídico-técnicas y profesionales para la implantación del proyecto. Cuestiones que deberían solventarse antes de su puesta en marcha y para lo que han ofrecido su colaboración, conocimientos y experiencia en la materia.

Desde los colegios veterinarios andaluces se subraya que, a pesar de estar a favor de las bondades y el valor añadido del ADN para la investigación genética de enfermedades, diagnósticos, filiaciones, etc., existen dudas sobre su implantación. Es por ello que el CACV ha encargado informes biológicos y jurídico-técnicos al respecto para dilucidar la viabilidad de la medida en lo que pueda afectar a los veterinarios colegiados.

Además, entienden que vincular la sanción con la identificación mediante ADN no contribuye al bienestar animal y se olvida el fin médico, sanitario y genético de dicha medida. En algunos casos podría generar la vulneración de la libre competencia si se limita el número de veterinarios autorizados a extraer y custodiar las muestras de ADN.

Desde el punto de vista jurídico, en relación a la tipificación como infracción del hecho consistente en el depósito de excrementos de perros y/o animales domésticos en la vía pública, y a la determinación de la sanción aplicable a los mismos, los Servicios Jurídicos del CACV consideran que la instrucción del correspondiente procedimiento debe estar encaminada, como en cualquier otro procedimiento sancionador, a la constatación de los hechos, estableciendo la certeza tanto de su producción como del momento de realización de los mismos, identificación del responsable y determinación de su responsabilidad.

Por otro lado, para que los hechos denunciados gocen de la necesaria presunción de veracidad, habrán de estar ejecutados o al menos tutelados por personal revestido de autoridad. Este caso requiere la participación de personal funcionario o estatutario que ostente la condición de autoridad en todo el proceso: determinación de la fecha de comisión del hecho sancionable, identificación del responsable, recogida de muestras, tutela de las mismas, control del análisis y del resultado del mismo.

Por último, la fijación de los honorarios establecidos para los veterinarios que intervienen en la identificación requiere de análisis legal porque tal imposición podría ser considerada como una práctica restrictiva de la libre competencia que rige en la actualidad la normativa reguladora de las actividades profesionales.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Vilaplana, se reunió hace dos semanas con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz Hernández, a quien trasladó la inquietud y dudas de los veterinarios, así como la posición del Colegio de Cádiz y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (CACV) sobre la medida.

Federico Vilaplana, que ha lamentado que el Ayuntamiento de Jerez no haya tenido en cuenta aún la opinión de los profesionales veterinarios de su ciudad ni de los Colegios profesionales veterinarios, ha ofrecido su colaboración para que a lo largo de la tramitación del proyecto pueden despejarse las dudas y temores de su viabilidad.